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Redacción
Viernes, 18 de noviembre de 2016
COMARCA

El alcalde socialista de Bellreguard declara por un presunto delito de desobediencia

Joan Marco permitió una charla en mayo de 2015, en la que participó Ximo Puig y Mónica Oltra, pese a prohibirla la Junta Electoral de Zona

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El alcalde de Bellreguard, Joan Marco, declaró ayer en los juzgados de Gandia, en calidad de investigado, por un presunto delito de desobediencia al celebrar un acto el pasado mes de mayo que previamente había prohibido la Junta Electoral de Zona (JEZ).

 

Marco ha explicado ante el magistrado de la sala de instrucción número 1 que no tenía conocimiento de que el organismo hubiese suspendido la jornada inaugural de les Converses de Maig, que tuvo lugar el pasado 6 de mayo bajo el título "Quin país volem? La política valenciana en la tasca de refer un discurs de país", pese a haber recibido una notificación de la JEZ para que se anulara el acto, al tratarse de periodo preelectoral.

 

Una charla en la que participaban destacados dirigentes de la política valenciana como el ahora presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra, y el responsable de Podemos, Antonio Montiel. Esto fue lo que motivó al Partido Popular de la provincia de Valencia a denunciar la actividad ante la JEZ.

El organismo resolvió que la charla vulneraba la legalidad y suspendió el acto. El tribunal informó del fallo al alcalde Marco, pero la Casa de Cultura albergó la mesa redonda donde hablaron los dirigentes del Consell y Montiel. De hechol, el jefe del ejecutivo valenciano y los responsable del gobierno local (PSPV y Compromís) participaron en la apertura y la inauguración de las jornadas, haciendo caso omiso a la decisión de la Junta Electoral.

 

Por todo ello, la Fiscalía de Valencia solicitó a los tribunales de la capital de la Safor que abrieran una investigación al entender que los hechos sucedidos en el mes de mayo "podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia".

 

El Ministerio Público pidió al Juzgado de Decano de Gandia que derivara el caso a una sala de instrucción para que incoara el expediente, es decir, que iniciara la recogida de información y decida si hay que abrir un proceso.

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