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Redacción
Viernes, 18 de noviembre de 2016
ACTUALIDAD

La juez cita a declarar como investigada a Diana Morant el próximo 16 de enero por cuatro delitos penales

Tras desestimar todos y cada uno de los recursos presentados por quienes están investigados, la juez ha citado a declarar el próximo 16 de enero a la primera edil por un presunto delito de prevaricación, revelación de secretos, falsedad documental y coacciones. Junto a ella, tendrán que responder ante la juez Salvador Gregori, el secretario municipal y los funcionarios Vicent Llorens y Vicent Todolí

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Ya hay fecha para dar todas las explicaciones oportunas ante la juez. Tras desestimar, primero la juez y después la Audiencia Provincial de Valencia, todos y cada uno de los recursos presentados por quienes están investigados, Sociedad y Política ha tenido acceso al auto judicial donde la juez cita a declarar el próximo 16 de enero a la alcaldesa socialista de Gandia, Diana Morant, por un presunto delito de prevaricación, revelación de secretos, falsedad documental y coacciones.

 

Los hechos se remontan tras el pleno de investidura de Morant como alcaldesa de la ciudad, donde acto seguido ordenó a los agentes de la Policía Local que cerraran a cal y canto las puertas del Ayuntamiento de Gandia. Había convertido a Gandia en un auténtico estado policial, como ya señaló el ex alcalde Arturo Torró

 

Y los problemas llegaron el lunes, cuando se impidió el acceso del personal laboral de IPG a sus puestos de trabajo. Torró acudió entonces a las instalaciones de la empresa pública, custodiadas por los agentes, acompañado de un notario que dio fe de que ningún empleado pudo acceder a sus despachos. Una situación que denunció también la delegada sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Gandia, María Roig, asegurando que era "la primera vez que ocurre algo así en Gandia".

 

Unas formas de actuar que, como recordaba el PP, nada tenían que ver con lo sucedido en el anterior cambio de gobierno, cuando los populares permitieron 15 días antes de la investidura, y tres después de la misma, a todos los trabajadores y cargos de confianza recoger sus despachos y sus enseres personales, sin necesidad de estar custodiados por la Policía Local como era entonces el caso y sin ningún problema a la hora de acceder a sus despachos.

 

Pero el grueso de todos estos hechos rocambolescos se vivían en el propio edificio consistorial, donde no solo se impidió el acceso de trabajadores, sino que además no pudieron recoger sus objetos personales. Algo que tampoco pudo hacer el que hasta 48 horas antes fue primer edil, Arturo Torró.

 

Una situación en la que se vieron envueltos también muchos funcionarios de la propia casa, a quienes se les negaba el acceso a sus despachos, donde muchos pudieron comprobar después que los cables de sus ordenadores habían sido arrancados y manipulados durante la noche. De hecho, se tiene constancia de haber accedido a cuentas de correo electrónico y no fueron pocos los que denunciaron el trato "vejatorio y humillante" a los que estaban siendo sometidos.

 

Y todo ello, sin una orden clara, con purulantes haciéndose llamar "gente del partido" que además de dar instrucciones al propio personal de la casa al más puro estilo de estados como Cuba o Venezuela, donde la democracia brilla por su ausencia, se ponían en el papel de juzgadores con coacciones e interrogatorios a los que todavía eran cargos de confianza del anterior gobierno del PP, como es el caso del gerente de IPG, Gonzalo Morant. Alguno, paradójicamente, es hoy asesor del gobierno socialista.

 

Además, se tiene constancia que no hubo ningún acto administrativo que lo amparase, sin respetar los procedimientos administrativos ni judiciales de ningún tipo, falseando fechas y documentos para dar apariencia de legalidad a todas estas actuaciones intervencionistas.

 

Por todos estos hechos por los que la juez ve indicios de delito, además de la propia alcaldesa Diana Morant, tendrán que responder también en calidad de investigados, tras las vacaciones de Navidad, el secretario municipal, Lorenzo Pérez, el actual coordinador general de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, y los funcionarios Vicent Llorens y Vicent Todolí

 

Un gobierno con numerosos casos judiciales a sus espaldas

Lo bien cierto es que en tan solo un año y medio, el gobierno de PSOE y Més Gandia, sustentado por el único edil de Ciudadanos, acumula numerosas investigaciones judiciales que ya pesan sobre su gestión. En primer lugar, cuenta con una investigación ante la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación del Centro Deportivo Rois de Corella.

 

Otra investigación después de que el promotor del SanSan Festival anunciara la presentación de una denuncia ante Fiscalía por las coacciones, extorsiones y presiones que el gobierno presidido por la socialista Diana Morant le había ocasionado antes de la realización del festival y que cuenta con grabaciones y pruebas de todo ello.

 

Además, en plena campaña electoral de las elecciones generales del pasado 26 de junio, estallaba una nueva investigación tras la denuncia de un funcionario del Ayuntamiento de Gandia, por demorar el proceso de provisión de la Jefatura de Área, tras resultar ganador del concurso público. 

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