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Redacción
Miércoles, 30 de noviembre de 2016
POLÍTICA

El PP alerta del inminente desahucio de los colectivos sociales y empresas del Foro Manuel Broseta

Los populares lamentan la falta de “sensibilidad” del gobierno de Diana Morant con los colectivos sociales y empresas allí ubicadas, además de que hayan sido incapaces de gestionar alternativas, dado que los bajos de Simancas tardarán en abrir

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El Grupo Municipal Popular ha convocado una rueda de prensa en el día de ultimátum dado por el gobierno de Diana Morant para desahuciar a colectivos sociales y empresas (en su mayoría gente joven emprendedora), del Foro de Convivencia Manuel Broseta.

 

Según la documentación a la que ha tenido acceso, pero a la que el gobierno le ha denegado copia, el concejal popular, Andrés Puig ha explicado que de conformidad con la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Gandia, de fecha 5 de mayo de 2016, se fijó el lanzamiento para el 16 de diciembre de 2016. Por cierto, juicio al que tampoco comparecieron.

 

Conociendo dicha fecha, el gobierno de Diana Morant, comunicó mediante la Policía Local que daba por resuelto los contratos arrendaticios con colectivos sociales y empresas, con fecha 23 de noviembre de 2016, debiendo abandonar las instalaciones como máximo, el 30 de noviembre de 2016, es decir, hoy mismo. Parece ser que las empresas y colectivos sociales desean continuar hasta que tengan garantizadas una alternativa seria.

 

Andrés Puig: “No han tenido sensibilidad, están “dando puerta” a muchos proyectos sociales que necesitan de un espacio físico. ¿Qué pasará con el Defensor del Ciudadano? ¿Jezrael? ¿Midrashic? Y muchas más”. Puig ha relatado además: “Que no tienen alternativas. Han dejado unas cajas para que embalen sus cosas, y las guardan en los bajos de Simancas. Un edificio que aún no está abierto al público. Además algunos colectivos manejan documentación sensible que no pueden dejar a nadie, deben custodiarla ellos. Están haciendo muy mal las cosas”.

 

Respecto a la deuda, Andrés ha sido claro: “Es cierto, el PP dejó una deuda de unos 21.000 € pendientes porque estábamos renegociando las condiciones. Pero en todo caso una deuda asumible. Lo que no dicen es que el actual gobierno sigue cobrando los alquileres a las asociaciones y empresas, mientras ha dejado de pagar otros 65.000 €, en total unos 87.000 €”.

 

Los populares exigen explicaciones de ¿por qué siguen cobrando el alquiler a asociaciones y empresas, por un espacio que ya no es de IPG? Y sobre todo, por qué se ha escondido a la opinión pública, el pufo que han dejado a deber los socialistas.

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