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Redacción
Viernes, 2 de diciembre de 2016
ACTUALIDAD

La juez archiva la querella de Orengo contra Torró por el caso Tele 7

El exalcalde socialista acusó al PP de varios delitos al considerar que había otorgado una subvención a una televisión privada relacionada con su grupo de empresas. Tras conocer la decisión de la magistrada, Torró ha señalado que se alegra "sobre todo por los técnicos que participaron en el proceso"

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El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha archivado la querella que el exalcalde socialista José Manuel Orengo, y el exconcejal Vicent Mascarell, interpusieron contra los populares Arturo TorróVíctor Soler, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias.

 

Los socialistas acudieron a los tribunales al considerar que el exprimer edil había favorecido a una televisión privada de la capital de la Safor al entregarle una ayuda económica de 1,7 millones, a través de un contrato para la emisión de programas. El magistrado de Gandia admitió la denuncia y puso en marcha una investigación, que llegó a salpicar a otros miembros del anterior gobierno local del PP, e incluso a funcionarios del consistorio gandiense.

 

Los hechos que llevó a los tribunales el PSPV se remontan a principios de la pasada legislatura. El gobierno de Torró, en una de sus primeras medidas, cerró la emisora pública Gandia TV y sacó una línea de ayudas para otras televisiones privadas con el fin de que emitieran contenidos locales de calidad.

 

El gasto de Gandia TV para cuatro años estaba cifrado en 10 millones de euros. El gobierno del PP dispuso 3,8 millones para repatirlos entre las emisoras que aspiraran a la subvención, siempre que contaran con licencia de emisión en la ciudad. En ese sentido, dos empresas lograron ayudas de 1,7 millones para cuatro años, Tele 7 Safor y Comarques Centrals TV.

 

Los socialistas denunciaron que el procedimiento había sido irregular, incluso sostenían que Tele 7 pertenecía a un entramado de empresas de Torró y que, por tanto, la quería beneficiar. La empresa fue comprada más tarde por el Grupo Radio Gandia, que cesó su actividad y no percibió su parte del dinero.

 

Con todo esto, la juez, después de practicar las pruebas que ha estimado conveniente y de tomar declaración a los afectados, considera que compartir cargos en empresas no es, por sí mismo, constitutivo de infracción penal alguna, "si a ello no se acompaña de ningún otro elemento que permita apreciar, al menos de manera indiciaria, la comisión de infracción penal alguna", y, consiguientemente, no ve los delitos contra la Administración de los que Torró fue acusado.

 

En la misma línea se expresa respecto a los otros implicados en esta querella, José Vicente Codina, Josep Lluís Jiménez, Antonio Abad, Javier Reig y Juan Antonio Juárez que, según el auto judicial que se dio a conocer ayer, diseñaron y ejecutaron el contrato con Tele 7 desde la empresa IPG "de acuerdo con los estatutos y las normas internas de funcionamiento de IPG, sin que se aprecie ninguna irregularidad o infracción en la tramitación de dicho procedimiento".

 

Además, el propio Torró negó ante la magistrada las acusaciones de Orengo y Mascarell. Dijo que "nunca" había comprado o sido propietario de Tele 7, aunque sí la apoyó en su momento porque esa televisión era "la única de Gandia que daba voz al Partido Popular", pese a que en ese momento emitía también la emisora municipal Gandia TV. 

 

"Me alegro sobre todo por los técnicos que participaron en el proceso"

Tras conocer la decisión de la magistrada, el exalcalde Arturo Torró ha señalando que "simplemente me gustaría decir ahora que agradezco que la justicia nos haya dado la razón, algo que lo que siempre tuve plena confianza". Torró, quien en otras ocasiones ha pedido a los socialistas que dejen de perseguirlo judicialmente, añadió que siente especial alegría "por los técnicos que participaron en el proceso administrativo" que desembocó en la firma del contrato y que, como también señala el auto judicial, no tiene visos de ser ilegal.

 

Por último, Torró señaló que "todo lo que hicimos fue correcto y transparente, como siempre habíamos defendido", e incluso que esos contratos con las televisiones "permitieron al ayuntamiento ahorrar dos millones de euros al año".

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